A diferencia de los vaivenes del Mercosur, una integración menos conocida funciona ya perfectamente y sin contratiempos entre dos países con una muy disímil estructura arancelaria.
Gracias al Convenio Binacional Argentino-Chileno sobre integración y complementación minera, firmado por los gobiernos de Carlos Menem y Eduardo Frei el 29 de diciembre de 1997, para las empresas mineras entre Chile y la Argentina no hay frontera ni aduanas.
Los vehículos de las empresas mineras pueden transitar libremente de un país a otro, por lo que es necesario confiar en que los gigantescos camiones que transitan la cordillera lo hagan cargados solamente con los metales preciosos que se llevan por migajas y no aprovechen la oportunidad para transportar otro tipo de cargamento tanto o más lucrativos que el oro.
Pero no sólo es preocupante que un convenio haya eliminado una de las más extensas fronteras internacionales del planeta para un exclusivo grupo de corporaciones internacionales. En el tratado no existe cláusula alguna que preserve la integridad de los parques y reservas -tanto provinciales como nacionales- ni de las áreas turísticas que se encuentran en su ámbito de plicación.
En San Juan, las minas de Veladero y Pascua Lama se encuentran literalmente sobre la Reserva de Biósfera San Guillermo, declarada tal por la UNESCO en 1981. Con casi 1 millón de hectáreas de extensión, forma desde 1998 el Parque Nacional San Guillermo.
Según Radio Universidad de Chile, en 2000 la empresa canadiense Barrick Gold presentó a las autoridades de ese país el informe de impacto ambiental del proyecto binacional de Pascua Lama, en el que la empresa olvidó mencionar que parte de las riquezas a extraer se encontraban bajo los glaciares Toro I, Toro II y Glaciar Esperanza. Un estudio más profundo e independiente señaló que la destrucción de los glaciares no sólo sería irreversible sino que afectaría gravemente a agricultores y ecosistemas a ambos lados de la cordillera.
En este estudio, un concejal de la comuna chilena de Alto del Carmen aseguró que "van a utilizar más de 16.000 toneladas diarias de cianuro y 80.000 kilos diarios de explosivos, que van a producir un daño estructural de hasta 900 metros fuera del área de la mina. El material particulado es inmenso y eso nos hace pensar que va a ser todo contaminado, todo destruido". Y agrega: "En lo que respecta a nuestros vecinos argentinos, las autoridades tienen poca información sobre este tema puntual".
De hecho, en Argentina la empresa no encontró ningún obstáculo para iniciar las operaciones, mientras que Chile ha tomado con más seriedad la preservación de los glaciares.
A la espera del temblor
Es en el terreno donde se cruzan la ciencia y la política donde se debe trabajar para prevenir los desastres ambientales. Los accidentes ocurren en la mayoría de los casos en países con instituciones débiles, poca independencia de los organismos de control, una sociedad con bajos niveles de acceso a la educación y con altos índices de pobreza. Empresas que en sus países de origen se comportan como agentes sociales comprometidos, invirtiendo en las comunidades en donde están presentes, en otros contextos y latitudes son acusadas de graves hechos de corrupción y hasta de violencia.
Mientras los congresistas argentinos se apresuraban en legislar como se repartiría LA riqueza minera nacional, las grandes multinacionales, ya varios pasos adelante, depuraban las mejores técnicas legales y financieras para disponer de una rápida vía de escape para cuando las cosas no salieran bien. Es que los costos asociados a la reparación de accidentes y a la posible contaminación de las minas después de que dejan de operar son siempre altos y en algunos casos multimillonarios.
Porque si bien los accidentes son infrecuentes, cuando suceden son devastadores. En el año 2000 una rotura del dique de cola de una mina en Baia Mare, Rumania, contaminó con millones de metros cúbicos de barros con cianuro el río Danubio hasta el Mar Negro, pasando por Hungría y Yugoslavia: el cianuro de sodio y los metales pesados que eliminaron toda vida acuática kilómetros río abajo. Según las autoridades húngaras se vio afectada el agua potable que consumen más de dos millones de personas. Las consecuencias ecológicas y sanitarias persistirán por cientos de años (6). En 1995 falló el dique de la mina a cielo abierto Omai Gold Mine, en Guyana, liberando 3.000 millones de litros cúbicos de tierras de las escombreras con cianuro y metales pesados al río Omai y eliminando toda vida acuática y silvestre. El presidente de Guyana declaró el lugar afectado, residencia de 30.000 personas, como “zona nacional de desastre ambiental” y a más de 80 kilómetros de río como zona ecológicamente muerta.
Sin embargo el poder político y económico de las multinacionales mineras logra trabar herramientas efectivas para que los daños y los costos millonarios de reparación de estos desastres, cuando ocurren, sean afrontados por las propias empresas. Es el caso del dique de la mina Los Frailes en Aznalcóllar, cerca de Sevilla, España, que se rompió en 1998 y liberó abruptamente 5 millones de metros cúbicos de lodos con arsénico, contaminando a los ríos Agrio y Guadiamar, a 4.500 hectáreas de tierras agrícolas y al parque natural de Doñana, declarado patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO. El gobierno de España sancionó a la empresa Boliden Apirsa con 45 millones de euros, pero según declaraciones de la compañía al diario español ABC la empresa “explicó que no piensa pagar un solo céntimo de multa” (7). Hasta el momento, el gobierno español lleva gastados 276 millones de euros en limpiar el desastre. Sí para España, con el respaldo de la Unión Europea, resulta difícil lograr que una empresa de origen sueco pague los costos del mayor desastre ambiental de la península en los últimos tiempos, poca esperanza queda de que el Estado Argentino pueda intervenir con éxito ante un caso similar.
Según un artículo de The New York Times, las grandes corporaciones mineras se aprovechan de agujeros legales, crean subsidiarias que protegen sus activos, están desligadas penalmente de la verdadera empresa madre y se aprovechan de un débil control federal para pasar a los contribuyentes el costo de limpiar la contaminación resultante. Según diversas fuentes, el costo de limpiar la contaminación de las minas en Estados Unidos, incluyendo las que cerraron y siguen contaminando y las que están hoy en operación, fluctúa entre los 12.000 y los 54.000 millones de dólares (8). El mismo informe, resultado de una profunda investigación sobre minas de oro en América Latina, Estados Unidos, África y Europa, concluye que la minería actual equivale por su capacidad de afectación ambiental y riesgo a la población a los basureros nucleares, ya que en ambos casos la contaminación debe ser tratada a perpetuidad.
En un reporte presentado al Congreso en 2005, el Tribunal de Cuentas del gobierno de Estados Unidos concluye que la contaminación producida por las minas a cielo abierto es generalmente grande, compleja y muy costosa de limpiar, promediando los 50 millones de dólares para cada uno de los casos estudiados. El reporte estima que el costo de los 63 casos prioritarios –entre los cientos de minas que hoy deberían estar sujetas a limpieza- sería de 7.800 millones de dólares; de los cuales 2.400 millones deberían ser afrontados por el Estado. El reporte concluye que la limpieza precisaría desde 40 años hasta perpetuidad, según el caso (9).
La mayor parte de los ciudadanos, excepto aquellos que resultan directamente afectados, no está familiarizada con los peligros que implica la gran explotación minera. Hasta para los reguladores gubernamentales es en muchos casos difícil saber a ciencia cierta quiénes son los verdaderos accionistas de las empresas. Lo cierto es que muchos de los altos dirigentes del Partido Republicano estadounidense, al que pertenece el actual presidente George W. Bush, tienen debilidad por invertir en las pocas y altamente concentradas corporaciones mineras. En la página de Internet de la corporación Barrick Gold (10), propietaria de las minas de Veladero y Pascua Lama en San Juan, se lee que el ex presidente de los Estados Unidos y padre del actual mandatario formaba parte de su consejo asesor internacional, aunque no aclara que era amigo y frecuente partenaire golfístico del ex presidente Carlos Menem.
Entregar la riqueza del subsuelo del país a estas empresas es abrir las puertas a un grupo que incluye desde empresas serias hasta aventureros del momento, pasando por fuertes lobbies políticos y gigantescas corporaciones, cuyo punto en común es que todos pueden causar una catástrofe ambiental. Por esta razón, las mejores legislaciones se adelantan a los hechos y ante los proyectos de minas a cielo abierto plantean estrictos requerimientos financieros y penalidades: desde fideicomisos manejados por el gobierno; requisitos de seguros para el cierre de operaciones adquiridos en el mercado y en relación a los costos estimados (no sólo de ganancias sino también de la potencial afectación ambiental), hasta el cierre efectivo de la mina, entre otros muchos complejos mecanismos. Aun así, estas sofisticadas baterías jurídicas han demostrado no ser totalmente eficaces.
1 Robert Repetto, Disclosure of material environmental information in the hard rock mining industry, julio de 2004.
2 U.S. Environmental Protection Agency, 2000: Liquid Assets 2000: America’s Water Resources at a Turning Point, Página 10.
3 El Cianuro es utilizado en minería por su gran poder de combinación con los metales ya que extrae entre el 96 y el 99% del oro contenido en la roca molida. Este era el agente utilizado en las cámaras de gas en la II Guerra Mundial. Una cantidad de cianuro equivalente a un grano de arroz por contacto, ingesta o por respiración cuando esta en estado gaseoso es suficiente para matar a un hombre adulto, en menor cantidad provoca trastornos cardiovasculares, neurológicos, respiratorios, intestinales y reproductivos; un microgramo o millonésima de gramo por litro es mortal para toda vida acuática.
4 Se ven afectados por el tratado de integración minera :
Parque Provincial y Reserva Nacional de Ischigualasto y Reserva de Biosfera San Guillermo (San Juan)
Parque Provincial de Talampaya (La Rioja)
Parques Nacionales de Laguna Blanca y Lanín (Neuquén)
Nahuel Huapi (Río Negro)
Lago Puelo y Los Alerces (Chubut)
Perito Moreno (Santa Cruz)
Las Termas de Fiambalá (Catamarca)
Pismanta (San Juan)
El Sosneado (Mendoza)
Copahue y Caviavue (Neuquén)
Embalses los Nihuiles I,II y III y Valle Grande sobre el río Atuel, Los Reyunos sobre el río Diamante y Agua del Toro (Mendoza).
5 Grace Albornoz, Diario electrónico, Radio Universidad de Chile, 29-4-2005. Disponible en
www.radio.uchile.cl/Default.aspx6 Report, United Nations Environment Programee UNEP, Assesment Mission, Ginebra, marzo de 2000.
7 Carmen Villar Mir, “Cinco años después del vertido de la mina de Aznalcóllar no hay responsables por la catástrofe”, Diario ABC, Madrid, 4-08-02.
8 Jane Perlez y Kirk Johnsosn, “The Cost of Gold. Behind Gold’s Glitter”, The New York Times, 24-10-05.
9 Informe ante el Congreso del United States Govermment Accountability Office (GAO-05-658),Environmental Liabilities, EPA should do more to ensure that liable parties meet their cleanup obligations, agosto de 2005.
10 “Corporate responsibility” en
www.barrick.com